SER TRANSPARENT

En un estat que es declara social i democràtic de Dret, la transparència és més que una norma legal d'obligat compliment: la condició de ser transparent emana amb tanta naturalitat del principi democràtic, que tots els poders estatals, autonòmics i locals, així com els perceptors de fons públics, haurien d'adoptar la transparència com una manera de ser.

Dir, com acabe de fer, que la transparència és una manera de ser, és tant com dir que cal ser transparent, no tan sols perquè estiga manat per la llei, que també, sinó perquè la transparència és una de les raons que donen sentit a l'existència de les institucions democràtiques. Si l'opacitat resulta inadmissible en democràcia és perquè mitjançant ella el que es pretén és enganyar els ciutadans, i no hi pot haver autèntica democràcia on habite l'engany, ja que això equival a relegar el poble sobirà a un segon pla.

Així enfocat el principi de transparència, el primer que hem d'advertir és que exigeix ​​molt dels governs i administracions públiques. No es tracta només, ja ho he dit, de donar la informació legalment deguda, sinó d'alguna cosa més, ja que si les lleis reguladores de la transparència no van acompanyades d'un canvi radical en la manera de ser que adopten els nostres governants, poc s'avançarà.

Una manera de ser que comporta un compromís amb la veritat, que s'erigeix ​​així en un valor democràtic ple de sentit. El ciutadà ha de saber com es gasten els diners públics, perquè són els seus diners i perquè l'interès general ha d'estar per sobre els interessos particulars. En conseqüència, l'obligació del governant de retre comptes és una de les més essencials que hi ha en democràcia. Sense transparència, és a dir, sense veritat, la democràcia esdevé una farsa, ja que el vot estarà subjecte a manipulacions incompatibles amb el respecte degut a qui exerceix un dret tan fonamental.

Hem relacionat, per tant, la transparència amb la veritat, i aquesta connexió posa en relleu que la transparència és un valor que necessita de les lleis per ser preservat, però que no en té prou amb la protecció legal per prevaler.

La saviesa popular, des de temps immemorial, ha incorporat al seu patrimoni la sentència que diu: "Feta la llei, feta la trampa", per al·ludir a les múltiples estratagemes que la imaginació dels qui estan subjectes als mandats legals és capaç d'ordir per evitar el seu recte compliment. Per això, mai no serà suficient una llei, ni tan sols una bona llei, per garantir la transparència, perquè aquesta requereix un amor a la veritat que no sempre és pròpia dels qui han d'aplicar les normes.

Davant d'aquesta realitat, del que es tracta és de portar a terme un canvi cultural i educatiu que modifique d'una manera profunda i substancial la relació dels ciutadans amb els poders públics. I perquè aquest canvi siga possible, cal que es produïsca un procés de maduració democràtica, perquè sols així serem capaços de desterrar la banalització rampant que tot ho tergiversa i deixa inerme la ciutadania davant del poder.

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En un Estado Social y Democrático de Derecho, la transparencia es algo más que una norma legal de obligado cumplimiento, pues la condición de ser transparente emana con tanta naturalidad del principio democrático, que todos los poderes estatales, autonómicos y locales, así como los perceptores de fondos públicos, deberían adoptar la transparencia como una manera de ser. Decir, como acabo de hacer, que la transparencia es una manera de ser, es tanto como decir que se debe ser transparente, no solamente porque esté mandado, que también, sino porque la transparencia es una de las razones que dan sentido a la existencia de las instituciones democráticas. Si la opacidad resulta inadmisible en democracia es porque mediante ella lo que se pretende es engañar a los ciudadanos, y no puede haber auténtica democracia donde habite el engaño, pues ello equivale a relegar el pueblo soberano a un segundo plano. Así enfocado el principio de transparencia, lo primero que tenemos que advertir es que exige mucho de los gobiernos y administraciones públicas. No se trata tan solo, ya lo hemos dicho, de dar la información legalmente debida, sino de algo más, ya que si las leyes reguladoras de la transparencia no van acompañadas de un cambio radical en la manera de ser que adopten nuestros gobernantes, poco se avanzará. La transparencia, pues, para que sea eficaz debe interiorizarse como una manera de ser. Una manera de ser que comporta un compromiso con la verdad, que se erige de este modo en un valor democrático pleno de sentido. El ciudadano debe saber cómo se gasta el dinero público, porque es su dinero y porque el interés general debe estar por encima de intereses particulares. En consecuencia, la obligación del gobernante de rendir cuentas es una de las más esenciales que hay en democracia. Sin transparencia, es decir, sin verdad, la democracia deviene una farsa, pues el voto estará sujeto a manipulaciones incompatibles con el respeto debido a quien ejerce un derecho tan fundamental. Hemos relacionado, por tanto, la transparencia con la verdad, y esa conexión pone de relieve que la transparencia es un valor que necesita de las leyes para ser preservado, pero que no tiene bastante con la protección legal para prevalecer. La sabiduría popular, desde tiempo inmemorial, ha incorporado a su acervo la sentencia que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”, para aludir a las múltiples tretas que la imaginación de los que están sujetos a sus mandatos es capaz de urdir para evitar el recto cumplimiento de la ley. Por eso, nunca será suficiente una ley, ni siquiera una buena ley, para garantizar la transparencia, porque ésta requiere un amor a la verdad que no siempre es propia de los que tienen que aplicar las normas. Ante esta realidad, de lo que se trata es de llevar a cabo un cambio cultural y educativo que modifique de una forma profunda y sustancial la relación de los ciudadanos con los poderes públicos. Y para que dicho cambio sea posible, es necesario que se produzca un proceso de maduración democrática

Definicions de: En un Estado Social y Democrático de Derecho, la transparencia es algo más que una norma legal de obligado cumplimiento, pues la condición de ser transparente emana con tanta naturalidad del principio democrático, que todos los poderes estatales, autonómicos y locales, así como los perceptores de fondos públicos, deberían adoptar la transparencia como una manera de ser. Decir, como acabo de hacer, que la transparencia es una manera de ser, es tanto como decir que se debe ser transparente, no solamente porque esté mandado, que también, sino porque la transparencia es una de las razones que dan sentido a la existencia de las instituciones democráticas. Si la opacidad resulta inadmisible en democracia es porque mediante ella lo que se pretende es engañar a los ciudadanos, y no puede haber auténtica democracia donde habite el engaño, pues ello equivale a relegar el pueblo soberano a un segundo plano. Así enfocado el principio de transparencia, lo primero que tenemos que advertir es que exige mucho de los gobiernos y administraciones públicas. No se trata tan solo, ya lo hemos dicho, de dar la información legalmente debida, sino de algo más, ya que si las leyes reguladoras de la transparencia no van acompañadas de un cambio radical en la manera de ser que adopten nuestros gobernantes, poco se avanzará. La transparencia, pues, para que sea eficaz debe interiorizarse como una manera de ser. Una manera de ser que comporta un compromiso con la verdad, que se erige de este modo en un valor democrático pleno de sentido. El ciudadano debe saber cómo se gasta el dinero público, porque es su dinero y porque el interés general debe estar por encima de intereses particulares. En consecuencia, la obligación del gobernante de rendir cuentas es una de las más esenciales que hay en democracia. Sin transparencia, es decir, sin verdad, la democracia deviene una farsa, pues el voto estará sujeto a manipulaciones incompatibles con el respeto debido a quien ejerce un derecho tan fundamental. Hemos relacionado, por tanto, la transparencia con la verdad, y esa conexión pone de relieve que la transparencia es un valor que necesita de las leyes para ser preservado, pero que no tiene bastante con la protección legal para prevalecer. La sabiduría popular, desde tiempo inmemorial, ha incorporado a su acervo la sentencia que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”, para aludir a las múltiples tretas que la imaginación de los que están sujetos a sus mandatos es capaz de urdir para evitar el recto cumplimiento de la ley. Por eso, nunca será suficiente una ley, ni siquiera una buena ley, para garantizar la transparencia, porque ésta requiere un amor a la verdad que no siempre es propia de los que tienen que aplicar las normas. Ante esta realidad, de lo que se trata es de llevar a cabo un cambio cultural y educativo que modifique de una forma profunda y sustancial la relación de los ciudadanos con los poderes públicos. Y para que dicho cambio sea posible, es necesario que se produzca un proceso de maduración democrática

Sinònims de: En un Estado Social y Democrático de Derecho, la transparencia es algo más que una norma legal de obligado cumplimiento, pues la condición de ser transparente emana con tanta naturalidad del principio democrático, que todos los poderes estatales, autonómicos y locales, así como los perceptores de fondos públicos, deberían adoptar la transparencia como una manera de ser. Decir, como acabo de hacer, que la transparencia es una manera de ser, es tanto como decir que se debe ser transparente, no solamente porque esté mandado, que también, sino porque la transparencia es una de las razones que dan sentido a la existencia de las instituciones democráticas. Si la opacidad resulta inadmisible en democracia es porque mediante ella lo que se pretende es engañar a los ciudadanos, y no puede haber auténtica democracia donde habite el engaño, pues ello equivale a relegar el pueblo soberano a un segundo plano. Así enfocado el principio de transparencia, lo primero que tenemos que advertir es que exige mucho de los gobiernos y administraciones públicas. No se trata tan solo, ya lo hemos dicho, de dar la información legalmente debida, sino de algo más, ya que si las leyes reguladoras de la transparencia no van acompañadas de un cambio radical en la manera de ser que adopten nuestros gobernantes, poco se avanzará. La transparencia, pues, para que sea eficaz debe interiorizarse como una manera de ser. Una manera de ser que comporta un compromiso con la verdad, que se erige de este modo en un valor democrático pleno de sentido. El ciudadano debe saber cómo se gasta el dinero público, porque es su dinero y porque el interés general debe estar por encima de intereses particulares. En consecuencia, la obligación del gobernante de rendir cuentas es una de las más esenciales que hay en democracia. Sin transparencia, es decir, sin verdad, la democracia deviene una farsa, pues el voto estará sujeto a manipulaciones incompatibles con el respeto debido a quien ejerce un derecho tan fundamental. Hemos relacionado, por tanto, la transparencia con la verdad, y esa conexión pone de relieve que la transparencia es un valor que necesita de las leyes para ser preservado, pero que no tiene bastante con la protección legal para prevalecer. La sabiduría popular, desde tiempo inmemorial, ha incorporado a su acervo la sentencia que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”, para aludir a las múltiples tretas que la imaginación de los que están sujetos a sus mandatos es capaz de urdir para evitar el recto cumplimiento de la ley. Por eso, nunca será suficiente una ley, ni siquiera una buena ley, para garantizar la transparencia, porque ésta requiere un amor a la verdad que no siempre es propia de los que tienen que aplicar las normas. Ante esta realidad, de lo que se trata es de llevar a cabo un cambio cultural y educativo que modifique de una forma profunda y sustancial la relación de los ciudadanos con los poderes públicos. Y para que dicho cambio sea posible, es necesario que se produzca un proceso de maduración democrática

Exemples de: En un Estado Social y Democrático de Derecho, la transparencia es algo más que una norma legal de obligado cumplimiento, pues la condición de ser transparente emana con tanta naturalidad del principio democrático, que todos los poderes estatales, autonómicos y locales, así como los perceptores de fondos públicos, deberían adoptar la transparencia como una manera de ser. Decir, como acabo de hacer, que la transparencia es una manera de ser, es tanto como decir que se debe ser transparente, no solamente porque esté mandado, que también, sino porque la transparencia es una de las razones que dan sentido a la existencia de las instituciones democráticas. Si la opacidad resulta inadmisible en democracia es porque mediante ella lo que se pretende es engañar a los ciudadanos, y no puede haber auténtica democracia donde habite el engaño, pues ello equivale a relegar el pueblo soberano a un segundo plano. Así enfocado el principio de transparencia, lo primero que tenemos que advertir es que exige mucho de los gobiernos y administraciones públicas. No se trata tan solo, ya lo hemos dicho, de dar la información legalmente debida, sino de algo más, ya que si las leyes reguladoras de la transparencia no van acompañadas de un cambio radical en la manera de ser que adopten nuestros gobernantes, poco se avanzará. La transparencia, pues, para que sea eficaz debe interiorizarse como una manera de ser. Una manera de ser que comporta un compromiso con la verdad, que se erige de este modo en un valor democrático pleno de sentido. El ciudadano debe saber cómo se gasta el dinero público, porque es su dinero y porque el interés general debe estar por encima de intereses particulares. En consecuencia, la obligación del gobernante de rendir cuentas es una de las más esenciales que hay en democracia. Sin transparencia, es decir, sin verdad, la democracia deviene una farsa, pues el voto estará sujeto a manipulaciones incompatibles con el respeto debido a quien ejerce un derecho tan fundamental. Hemos relacionado, por tanto, la transparencia con la verdad, y esa conexión pone de relieve que la transparencia es un valor que necesita de las leyes para ser preservado, pero que no tiene bastante con la protección legal para prevalecer. La sabiduría popular, desde tiempo inmemorial, ha incorporado a su acervo la sentencia que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”, para aludir a las múltiples tretas que la imaginación de los que están sujetos a sus mandatos es capaz de urdir para evitar el recto cumplimiento de la ley. Por eso, nunca será suficiente una ley, ni siquiera una buena ley, para garantizar la transparencia, porque ésta requiere un amor a la verdad que no siempre es propia de los que tienen que aplicar las normas. Ante esta realidad, de lo que se trata es de llevar a cabo un cambio cultural y educativo que modifique de una forma profunda y sustancial la relación de los ciudadanos con los poderes públicos. Y para que dicho cambio sea posible, es necesario que se produzca un proceso de maduración democrática

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