El periodista alzireny Salvador Enguix va publicar
el passat dia 9 de febrer, en La
Vanguardia, un excel·lent article sobre la instrucció que està realitzant
la jutgessa de Catarroja sobre la dana.
Sobra comentar que la tasca instructora se centra
en les possibles responsabilitats penals. Una altra cosa són les
responsabilitats polítiques, que també caldrà aclarir, tot i que ací no tenim
una instructora que, amb el rigor degut, es preocupe perquè sure la veritat. En
l’àmbit de la política pesa més la conveniència de cada partit que cap altra
consideració. A parer meu, hi ha un punt de partida incontestable que no es pot
eludir: el president de la Generalitat no estava en el seu lloc quan la
responsabilitat del seu càrrec li ho exigia, i hauria de dimitir. Caldrà aclarir
el que van fer els titulars d’altres càrrecs, però la dimissió del Sr. Mazón
ajudaria molt a posar ordre on sols hi ha confusió en aquest moment.
I és que la situació del president és insostenible:
per a previndre possibles responsabilitats penals ara sosté que no era present
en el Cecopi quan es va enviar l'alerta de mòbil a la població a les 20.11
hores, ni per descomptat en els moments previs. Però aquesta al·legació, des
del punt de vista polític, resulta inadmissible, ja que suposa reconéixer que
el màxim càrrec polític autonòmic, en uns moments de gravetat extrema per a la
població, no se sap on estava.
Fins ara, i al llarg de quatre mesos, s'havia donat
per bona la versió que el president de la Generalitat havia arribat al Cecopi
passades les set de la vesprada (posteriorment va començar a parlar-se de les
set i mitja), per la qual cosa mai s'havia posat en dubte que Mazón estiguera
en el moment d'enviar-se l'alerta i durant la seua discussió. Ara, davant la
instrucció penal, ha canviat la versió que dona la Generaliat i el desconcert
és absolut.
L’article del riberenc Enguix diu el següent:
La jueza de Catarroja que ha iniciado la instrucción para esclarecer la
gestión de la dana que causó 227 muertos y miles de damnificados se llama Nuria
Ruiz Tobarra. A partir de los autos conocidos, contundentes, es razonable concluir que la instructora, respaldada por varios fiscales, ha dejado clara su determinación por
conocer la verdad de lo ocurrido y su valentía para solicitar toda la
información necesaria. Esto incluye a todas las instituciones y organismos
implicados, comenzando por el Cecopi y Emergencias, seguido de la Generalitat
Valenciana, el Gobierno y entidades como la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ) o Aemet, que desempeñaron un papel crucial en los días previos y
durante la fatídica jornada del 29 de octubre. En adelante, cada paso de esta
instrucción llevará el nombre de la jueza; recuerden, Nuria Ruiz Tobarra.
Este escenario explica, en parte, el nerviosismo que se ha desatado en las
administraciones y sus representantes políticos, quienes directa o indirectamente
tomaron decisiones relacionadas con la gestión de la tragedia. Actores del
poder que, cada uno a su manera, están construyendo relatos defensivos
dirigidos más para preparar el terreno ante la instructora que pensando en una
opinión pública ya agotada por las múltiples versiones, acusaciones,
desmentidos e incluso bulos difundidos en todos los medios, tanto tradicionales
como digitales. Estas interpretaciones interesadas y/o parciales perderán
relevancia cuando la jueza comience a citar, uno a uno, a todos los
responsables para examinar el papel que desempeñaron durante aquellas horas
dramáticas en las que los cadáveres flotaban en las aguas que inundaron decenas
de localidades valencianas.
No parece esta jueza dispuesta a perder el tiempo, a pesar de los intentos
de algunas administraciones por retrasar la entrega de documentación o
aclaraciones solicitadas. Su ritmo es tan acelerado que las comisiones de
investigación creadas en Les Corts Valencianes y en el Senado podrían quedar en
un segundo plano, ya que la instrucción judicial avanza a gran velocidad. No
sería extraño que los citados, ya sea como testigos o imputados, declaren
primero ante la jueza que ante las comisiones parlamentarias. Este ritmo ha
llevado a que varios políticos y gestores estén preparando ya sus defensas con
la ayuda de reputados letrados, no solo valencianos. No se descarta, en el
futuro, un macrojuicio con decenas de abogados involucrados.
Recomiendo leer las informaciones publicadas sobre los autos de la jueza,
especialmente el más reciente. Consultados un juez y un periodista
especializado en tribunales, ambos coinciden en que la instructora está
estableciendo un “marco” de investigación basado en las querellas presentadas
por los afectados y por quienes perdieron a seres queridos en la dana. Este
marco sugiere la hipótesis judicial que apunta a que no se alertó adecuadamente
a la población sobre lo que se avecinaba, y busca conocer con detalle cómo
fluyó la información durante aquel día entre las instituciones. Además, con
ambición, ya que ha solicitado incluso los contenidos emitidos por los medios
de comunicación durante la tragedia. Se inicia una instrucción larga y
compleja; yo viví en persona la del caso de la rotura del pantano de Tous, que
tardó 15 años en resolverse.
La jueza de Catarroja ha decidido esclarecer la verdad y abrir la puerta a
que la justicia actúe. Es lo que quieren los afectados, que a estas alturas
rechazan todas las estrategias de comunicación diseñadas para eludir
responsabilidades ante la sociedad. Tacticismo que, en estos momentos, no solo
no sirve de nada, es que además irritan a los damnificados. Los periodistas, de
hecho, estaremos muy atentos a los pasos que dé la instructora. Se llama Nuria
Ruiz Tobarra, y su trabajo podría convertirse en uno de los episodios más
relevantes de la historia judicial en España.
