LA JUTGESSA DE CATARROJA

El periodista alzireny Salvador Enguix va publicar el passat dia 9 de febrer, en La Vanguardia, un excel·lent article sobre la instrucció que està realitzant la jutgessa de Catarroja sobre la dana.

Sobra comentar que la tasca instructora se centra en les possibles responsabilitats penals. Una altra cosa són les responsabilitats polítiques, que també caldrà aclarir, tot i que ací no tenim una instructora que, amb el rigor degut, es preocupe perquè sure la veritat. En l’àmbit de la política pesa més la conveniència de cada partit que cap altra consideració. A parer meu, hi ha un punt de partida incontestable que no es pot eludir: el president de la Generalitat no estava en el seu lloc quan la responsabilitat del seu càrrec li ho exigia, i hauria de dimitir. Caldrà aclarir el que van fer els titulars d’altres càrrecs, però la dimissió del Sr. Mazón ajudaria molt a posar ordre on sols hi ha confusió en aquest moment.

I és que la situació del president és insostenible: per a previndre possibles responsabilitats penals ara sosté que no era present en el Cecopi quan es va enviar l'alerta de mòbil a la població a les 20.11 hores, ni per descomptat en els moments previs. Però aquesta al·legació, des del punt de vista polític, resulta inadmissible, ja que suposa reconéixer que el màxim càrrec polític autonòmic, en uns moments de gravetat extrema per a la població, no se sap on estava.

Fins ara, i al llarg de quatre mesos, s'havia donat per bona la versió que el president de la Generalitat havia arribat al Cecopi passades les set de la vesprada (posteriorment va començar a parlar-se de les set i mitja), per la qual cosa mai s'havia posat en dubte que Mazón estiguera en el moment d'enviar-se l'alerta i durant la seua discussió. Ara, davant la instrucció penal, ha canviat la versió que dona la Generaliat i el desconcert és absolut.

L’article del riberenc Enguix diu el següent:

La jueza de Catarroja que ha iniciado la instrucción para esclarecer la gestión de la dana que causó 227 muertos y miles de damnificados se llama Nuria Ruiz Tobarra. A partir de los autos conocidos, contundentes, es razonable concluir que la instructora, respaldada por varios fiscales, ha dejado clara su determinación por conocer la verdad de lo ocurrido y su valentía para solicitar toda la información necesaria. Esto incluye a todas las instituciones y organismos implicados, comenzando por el Cecopi y Emergencias, seguido de la Generalitat Valenciana, el Gobierno y entidades como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o Aemet, que desempeñaron un papel crucial en los días previos y durante la fatídica jornada del 29 de octubre. En adelante, cada paso de esta instrucción llevará el nombre de la jueza; recuerden, Nuria Ruiz Tobarra.

Este escenario explica, en parte, el nerviosismo que se ha desatado en las administraciones y sus representantes políticos, quienes directa o indirectamente tomaron decisiones relacionadas con la gestión de la tragedia. Actores del poder que, cada uno a su manera, están construyendo relatos defensivos dirigidos más para preparar el terreno ante la instructora que pensando en una opinión pública ya agotada por las múltiples versiones, acusaciones, desmentidos e incluso bulos difundidos en todos los medios, tanto tradicionales como digitales. Estas interpretaciones interesadas y/o parciales perderán relevancia cuando la jueza comience a citar, uno a uno, a todos los responsables para examinar el papel que desempeñaron durante aquellas horas dramáticas en las que los cadáveres flotaban en las aguas que inundaron decenas de localidades valencianas.

No parece esta jueza dispuesta a perder el tiempo, a pesar de los intentos de algunas administraciones por retrasar la entrega de documentación o aclaraciones solicitadas. Su ritmo es tan acelerado que las comisiones de investigación creadas en Les Corts Valencianes y en el Senado podrían quedar en un segundo plano, ya que la instrucción judicial avanza a gran velocidad. No sería extraño que los citados, ya sea como testigos o imputados, declaren primero ante la jueza que ante las comisiones parlamentarias. Este ritmo ha llevado a que varios políticos y gestores estén preparando ya sus defensas con la ayuda de reputados letrados, no solo valencianos. No se descarta, en el futuro, un macrojuicio con decenas de abogados involucrados.

Recomiendo leer las informaciones publicadas sobre los autos de la jueza, especialmente el más reciente. Consultados un juez y un periodista especializado en tribunales, ambos coinciden en que la instructora está estableciendo un “marco” de investigación basado en las querellas presentadas por los afectados y por quienes perdieron a seres queridos en la dana. Este marco sugiere la hipótesis judicial que apunta a que no se alertó adecuadamente a la población sobre lo que se avecinaba, y busca conocer con detalle cómo fluyó la información durante aquel día entre las instituciones. Además, con ambición, ya que ha solicitado incluso los contenidos emitidos por los medios de comunicación durante la tragedia. Se inicia una instrucción larga y compleja; yo viví en persona la del caso de la rotura del pantano de Tous, que tardó 15 años en resolverse.

La jueza de Catarroja ha decidido esclarecer la verdad y abrir la puerta a que la justicia actúe. Es lo que quieren los afectados, que a estas alturas rechazan todas las estrategias de comunicación diseñadas para eludir responsabilidades ante la sociedad. Tacticismo que, en estos momentos, no solo no sirve de nada, es que además irritan a los damnificados. Los periodistas, de hecho, estaremos muy atentos a los pasos que dé la instructora. Se llama Nuria Ruiz Tobarra, y su trabajo podría convertirse en uno de los episodios más relevantes de la historia judicial en España.